Vecinos y transportistas exigen anular peajes

Cientos de personas continúan protestando contra el cobro de peajes en rutas de Lima construidas en concesión por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, protagonistas de un megaescándalo de corrupción que salpicó a cuatro expresidentes y otros funcionarios peruanos.

«Estos peajes son frutos de la corrupción, reclamamos la anulación de la concesión» de las rutas, dijo el alcalde de Lurín, Jorge Marticorena, mientras encabezaba una protesta en ese distrito rural.

Con carteles «no al peaje, no al robo descarado», los manifestantes exigían la eliminación del peaje en la vía entre Lima y Lurín, municipio de 90.000 habitantes situado a 30 km al sur de la capital.

Hubo protestas similares en vías adjudicadas en concesión del norte de Lima, según medios locales, donde los vehículos pagan un peaje superior a cinco soles (un dólar y medio).

En forma paralela, el concejo municipal de Lima comenzó a debatir este lunes la posible anulación de las concesiones de rutas tras las revelaciones de que las constructoras OAS y Odebrecht repartieron millones de dólares entre figuras del poder peruanas -desde presidentes hasta alcaldes- para asegurarse los contratos.

Son peajes «manchados por la corrupción», también declaró el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al convocar al concejo para discutir el tema.

APORTES ILEGALES

La semana pasada, un tribunal envió a prisión preventiva por 18 meses a la exalcaldesa limeña Susana Villarán (2011-2014), bajo cuya gestión fueron suscritos algunos contratos. La fiscalía la acusa de recibir aportes ilegales de campaña de ambas empresas brasileñas.

En 2009, durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda, la municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la llamada Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, bajo Villarán fue suscrita una adenda que amplió el plazo a 40 años.

Odebrecht, varios de cuyos directivos confesaron el pago de sobornos y la entrega de aportes ilegales de campaña, ganó la concesión para remozar y administrar 115 km de autopistas de la capital, bajo el nombre de Rutas de Lima.

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